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La asociación estatal de víctimas de accidentes DIA ha apoyado la propuesta de la Fiscalía para que

La asociación estatal de víctimas de accidentes DIA apoya la propuesta de la Fiscalía de hacer pagar el coste del test a aquellos conductores que den positivo en un control de de drogas y respalda la reforma propuesta por la Fiscalía de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial de que los médicos comuniquen a la DGT cuando un conductor, por una enfermedad o discapacidad, no está en condiciones de conducir.

La Fiscalía se queja de carencia de medios materiales y personales, y propone que el conductor que sea sorprendido drogado tenga que pagar «no sólo el importe de las pruebas de contraste solicitadas, sino también el coste de la práctica del test indiciario salival y de la analítica posterior de saliva cuando arrojen resultado positivo».

El presidente de DIA, Francisco Canes, ha respaldado la propuesta: «Estamos en una situación delicada económicamente y, si hay un conductor que ha infringido una norma de tráfico como es la del consumo de drogas, debe correr con los gastos siempre que sea positivo. Es la única forma de conseguir que se sigan haciendo este tipo de controles tan necesarios, pero costosos. Los controles de drogas deben aumentar y, si un conductor infringe esta norma, debe correr con los gastos».

En la Memoria Anual de la Fiscalía del Estado se reconoce el trabajo «encomiable» de la DGT por reforzar los controles de drogas, que se ha traducido en que los expedientes administrativos tramitados por la DGT a conductores por positivos se haya multiplicado por 10 desde 2010, pero se subraya que ese «esfuerzo no ha ido parejo con un aumento de procedimientos penales».

Así, se ha pasado de 203 expedientes administrativos tramitados por la DGT e incoados a conductores que arrojaron resultado positivo en los controles de drogas en 2010, a 740 en 2011 y finalmente a 2.155 en 2012, de los 3.472 controles realizados. Sin embargo, durante 2012 y en el ámbito de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil «sólo se han derivado a la vía penal 31, de los que 18 lo han sido por accidente, 9 por infracción y 4 en control preventivo».

«El tipo de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas ha visto constreñida su aplicación a los supuestos más graves en los que el delito de riesgo (la conducción influenciada por tales sustancias) se ha actualizado en siniestros con resultados lesivos o fallecimiento. Fuera de ellos sigue siendo norma penal de escasa incidencia», señala el fiscal.

Voz de alarma

DIA también apoya la propuesta de modificar la Ley de Tráfico y Seguridad Vial para que los médicos puedan comunicar a la DGT que un paciente no puede conducir por «enfermedad o deficiencia».

«Se trata de una medida que vela por la seguridad de todos. Si nuestras aptitudes para la conducción se ven mermadas por motivos de salud, no podemos ni debemos coger el coche. Algunos conductores no se toman en serio estas advertencias y ponen en peligro su vida y la del resto. De ahí la importancia de que sea el mismo médico quien decida si esa persona puede o no seguir al volante y que sea comunicado a Tráfico», indica Canes.

En este sentido, DIA opina que se trata de una medida de seguridad tanto para los conductores con alguna deficiencia que merme su aptitud como para el resto de ciudadanos, y confía que se realizaría siempre respetando al máximo la privacidad de los pacientes.

Por último, valora el descenso en el número de procedimientos abiertos por delitos de seguridad vial. «Cierto que hay un menor uso del coche, pero también que los conductores son cada vez más responsables, respetan más las normas de tráfico y son conscientes de lo importante de cumplirlas».

Por primera vez desde que se modificó el Código Penal para incluir delitos contra la seguridad vial «el número de procedimientos incoados ha disminuido sensiblemente respecto al año anterior», principalmente debido a la reducción por delitos de conducción embriagada y conducción sin permiso, que han caído un 12,5 por ciento y un 22,8 por ciento, respectivamente

No obstante, pese a esa merma el número de sentencias condenatorias aumentó en 2012, de 91.932 en 2011 a 97.359 en 2012. Es decir, en 2012 se redujeron el número de escritos de acusación formulados por el Ministerio Fiscal, pero aumentaron de forma considerable las sentencias condenatorias, hasta situarse en el 102 por ciento sobre el número de escritos acusatorios, frente al 92% del año anterior.

agencias / madrid
Día 17/09/2013 - 17.59h

 

   

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